Expertas médicas y jurídicas confirman que muchas víctimas de violencia sexual reclaman solo el castigo al agresor, pero no la reparación económica que necesitarán para costear años de terapia y otros gastos derivados de la agresión.

No es nuevo. Las víctimas de violencia sexual suelen sufrir descrédito en la opinión pública, sobre todo cuando denuncian a hombres conocidos o cuando su caso se hace mediático. Así ocurrió con la víctima de La Manada de Pamplona, en el que el debate público se centró más en la verosimilitud de su denuncia y sobre los actos de la joven que sobre la violencia de los hombres a los que denunció por la agresión sexual en grupo. En el caso de Dani Alves, también siguen pesando las dudas sobre la víctima. Hasta tal punto que la joven ha anunciado que renunciará a la indemnización que le correspondería si el futbolista es finalmente condenado. Un movimiento que pretende sacarse de encima la acusación de que la denuncia se debe a un tema económico y por tanto que pueda ser falsa.

A pesar de esta renuncia, las críticas no amainan. El estereotipo de la mujer pérfida y mentirosa, que denuncia falsamente para conseguir fama y dinero a costa un hombre, sobre todo si éste es rico y famoso, está ampliamente arraigado en la sociedad y desprotege a las víctimas, que sufren un juicio público.

Tal como reconocen a Público expertas del ámbito de la psicología y la judicatura, esta actitud de las víctimas de violencia sexual está ampliamente extendida y supone un daño adicional para las mujeres que han pasado por este trance, puesto que renunciar a una compensación económica les impide tener los medios necesarios para su rehabilitación, y porque supone también renunciar a un derecho recogido en las normas internacionales y nacionales sobre reparación del daño.

"Esto es algo que vemos muy a menudo, no sólo en este caso", afirma Lluisa Esteve, psiquiatra y presidenta de la comisión de violencia intrafamiliar y de género del Hospital Clínic de Barcelona. Es el hospital de referencia en Barcelona para agresiones sexuales para mayores de 16 años, y donde fue llevada la joven tras la violación.

"En nuestra unidad vemos muchos casos en los que las víctimas de agresiones sexuales no se atreven a pedir una indemnización o directamente renuncian a ella para que no se piense que denunciaron de forma interesada. Pero se trata de un error, porque muchas van a tener que hacer frente a tratamientos psicológicos de larga duración, que no están cubiertos por la sanidad pública, o van a tener que hacer frente a gastos como la pérdida de cursos universitarios por el trauma, que deberán costear de su bolsillo. ¿Quién paga todo esto?", pregunta de forma retórica Esteve.

Esta experta relaciona esta actuación de las víctimas con los casos de las madres que denuncian violencia hacia sus hijos e hijas y que no se atreven a pedir una indemnización para que no se las acuse de denuncia falsa para quedarse con la custodia de los menores o con la casa familiar.

Esta actuación va a en detrimento de la propia víctima, advierten las expertas, que resaltan que la violencia de género y la sexual son los únicos delitos en los que una víctima se plantea no reclamar su derecho a un resarcimiento económico.

"Cuando tienes un accidente de tráfico y pierdes una pierna, por ejemplo, está claramente estipulada la compensación económica que tienes que recibir. Con la salud mental de las mujeres que sufren una agresión sexual no tenemos ese mismo rasero. El daño en la salud mental que le va a suponer esa agresión, que será crónico y condicionara toda su vida, no se valora. ¿Cuánto cuesta?", añade Esteve. Esta psiquiatra abunda en que, en general, las indemnizaciones que suelen pedir los abogados por este tipo de casos es muy escasa, y que sin la parte económica no existe una reparación total.

"A las mujeres nos han educado a no hablar de dinero"

De la misma opinión es la magistrada Altamira Gonzalo, que forma parte de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. "La decisión de renunciar a la posible indemnización es tremenda", afirma. "A las mujeres nos han educado a no hablar de dinero. Ella [la víctima] ha anunciado una renuncia previa a una posible indemnización para que no se piense que ha denunciado con fines espurios. Pero tanto la legislación nacional como internacional hace hincapié en la necesidad de una reparación justa, que incluye la indemnización. Esto no es nuevo. Tener que verse en la tesitura de renunciar para que la crean es algo que el órgano judicial se tendría que hacer mirar. ¿Por qué una mujer tiene que tomar una decisión así, como si el dinero no le hiciera falta y que supone una reparación de vida", recalca Gonzalo.

"En España existen dos millones de mujeres que en los últimos 12 meses han sufrido acoso sexual"

Para la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), Carolina Vidal, "la tendencia sigue siendo cargar contra ellas, porque supone un momento idóneo para que las víctimas cedan, y cuando los casos son mediáticos, la presión crece. Muchas mujeres que han denunciado agresiones sexuales en el trabajo no han sido creídas; existe una tremenda infradenuncia de estos casos y las condenas penales son muy pocas. Según las últimas encuestas, en España existen dos millones de mujeres que en los últimos 12 meses han sufrido acoso sexual. Esta infradenuncia está motivada porque a las mujeres no se les cree", añade. Esta sindicalista apunta que la recientemente aprobada ley del solo sí es sí y la presión del feminismo está empezando a cambiar esta realidad.

Un ley que pone a la víctima y al consentimiento en el centro

En este sentido, todas las consultadas subrayan que la aprobación de la ley del solo sí es sí, que entró en vigor el pasado mes de octubre, supone un avance en los derechos, la prevención y la reparación de las víctimas de violencias sexuales, a pesar de la polémica que se ha producido por la rebaja de penas a condenados aplicadas en diversos tribunales.

"Hasta la ley del solo sí es sí, éramos las mujeres las que teníamos que probar que había habido una agresión sexual y los indicios. Esta es la idea que subyacía en la pregunta de en los juzgados sobre si la víctima se había resistido lo suficiente. Es decir, se ponía el foco en la mujer no en el agresor. Esto está comenzando a cambiar porque ahora hay que probar si hubo consentimiento o no y esto obliga a mirar más los indicios que existen. La sentencia de La Manada ayudó a remover mucho la cultura social. Las mujeres no son responsables de la agresión que sufren ni tienen que ser heroínas en una agresión sexual", recalca Carolina Vidal.

Para Altamira Gonzalo, la nueva ley supone dar una mejor respuesta a las víctimas de agresiones sexuales que con el antiguo Código Penal, porque la norma le reconoce el acceso a los mismos recursos que la ley contra la violencia de género, que hasta ahora estaban restringidos a los casos en que la mujer fuera agredida por alguien que era o había sido su pareja. "Esto incluye una cierta asistencia jurídica, psicológica y económica", añade. La ley del solo sí es sí, sin embargo, contiene un artículo por el cual si una víctima renuncia a la indemnización a la que a la que tienen derecho en la acción civil, si se concluye al final del proceso que los hechos juzgados son graves, el juez o la jueza pueden imponer de oficio la reparación.

Gonzalo recalca que en materia de condenas, la nueva norma podría ser más beneficiosa para el agresor, debido a que si se le aplica un tipo mínimo, éste es más bajo con la nueva ley que con la anterior.