La jueza Ivana González admitió los argumentos de la Unidad Anticorrupción contra la exministro de Familia Cecilia Torres Otarola y otras 12 personas. Y dijo que se está frente a “la punta de un iceberg”. El fiscal Omar Rodríguez tendrá al menos un año para investigar el fraude al Estado provincial.

La jueza de garantías Ivana González dejó abierta la investigación en la Causa Ñoquis Calientes a la vez que la consideró como una “causa compleja”. De esta manera la Unidad Anticorrupción tendrá al menos un año para la pesquisa, tal como lo había pedido en su presentación el Ministerio Público Fiscal en boca del fiscal general Omar Rodríguez. En una parte de su resolución, González dijo que se puede estar frente “a la punta de un iceberg”.

Según el parte de prensa de Fiscalía, la resolución de la magistrada se conoció a media tarde de este jueves a través del sistema de videoconferencia. Los defensores de los trece imputados se había opuesto con distintos argumentos a que el caso seaconsiderado “complejo” y que como tal permita ampliar los plazos de la investigación.

Entre otros argumentos, la magistrada indicó que “a la investigación no se la debe considerar como hechos aislado sino integrados”. Y advirtió que se trata de “un caso inusual, con una gran parte de las maniobras producidas en el ámbito del Estado, con imputados muchos de los cuales no son de la zona, sumado a la situación de cuarentena por la pandemia de Covid-19 que dificulta los derechos de las partes. Se puede estar frente a una punta de un iceberg”, destacó en su extensa resolución. “Hay elementos de convicción suficientes para sospechar que hubo un provecho patrimonial ilegítimo” y de que los episodios ocurrieron como los relató la acusación.

Finalmente hizo un llamado de atención a los defensores oficiales Omar López y Damián D’ Antonio, y al fiscal Rodríguez respecto de un entredicho que mantuvieron en el inicio de la audiencia, el martes pasado, respecto de la situación penal de uno de los imputados. “Son agregados innecesarios, cuestiones personales y este debate no es el ámbito para que sean considerados”, indicó.

La causa tiene 13 imputados, entre ellos la exministro de Familia, Cecilia Torres Otarola, que según la acusación nombraba “conocidos” dentro de la planta estatal para luego recaudar parte de lo que percibían como salarios.