Chubut oficializa el uso de policías virtuales y hackeo a distancia para investigar estafas

CHUBUT

La nueva normativa provincial pone fin al vacío legal en las investigaciones informáticas. Los fiscales ahora cuentan con reglas claras para infiltrarse en redes cerradas y asegurar pruebas digitales antes de que los delincuentes logren borrarlas.

La promulgación de la Ley XV Número 43 marca un antes y un después en la persecución de los delitos complejos en la provincia. La normativa oficializa el uso de herramientas tecnológicas avanzadas como los agentes encubiertos virtuales y el acceso remoto a dispositivos electrónicos.

El jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Chubut, Fernando Rivarola, aclaró a ADNSUR que los investigadores ya venían utilizando varios de estos recursos, pero la nueva legislación aporta la seguridad jurídica necesaria para que las pruebas recolectadas no sean anuladas en los juicios.

Hasta la publicación de esta norma en el Boletín Oficial, el avance de las causas informáticas operaba en un vacío jurídico constante. Rivarola explicó que los códigos procesales antiguos no contemplaban la realidad de la evidencia digital y que los fiscales terminaban resolviendo muchas cuestiones con normas análogas, aplicando reglas del mundo físico. Esta falta de parámetros generaba un cuadro complejo, en el que los jueces directamente permitían todo o no dejaban hacer nada.

Frente a ese escenario de inestabilidad, el funcionario judicial subrayó que “la ley promulgada resulta netamente restrictiva y no permisiva”. La norma viene a poner límites claros, definiendo de manera exacta cómo y con qué requisitos deben actuar los investigadores para no dejar la invasión a la intimidad librada al arbitrio judicial y para proteger las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Congelar el rastro en la red

El marco normativo divide el trabajo de recolección de pruebas en tres niveles operativos muy precisos. El primer paso es la orden de aseguramiento que faculta a los fiscales a exigirle a empresas como Meta o Google que preserven la información de un sospechoso. El titular de la unidad especializada graficó la urgencia de esta medida al advertir que “un perfil en una red social vive hasta cuando el titular quiere”. 

Con este recurso el Estado garantiza que las compañías tecnológicas mantengan ese paquete de información a salvo aunque el delincuente intente borrar su rastro virtual.

A partir de allí, la ley habilita las órdenes de presentación de datos para acceder al contenido y, finalmente, autoriza el secuestro de la evidencia digital mediante inspecciones en vivo dentro de la nube de almacenamiento, herramientas que en el mundo tradicional resultaban imposibles de aplicar.

Identidades simuladas 100% auditables

Una de las figuras más fuertes que oficializa la ley es el agente encubierto digital. La normativa avala la creación de perfiles e identidades simuladas para que los efectivos policiales logren ingresar a canales cerrados de comunicación.

El jefe de cibercrimen aseguró a ADNSUR que “la infiltración de un agente resulta la única forma de obtener evidencia frente al delito de grooming o ante las redes de tráfico de material de abuso infantil y estafas que operan mediante grupos encriptados de WhatsApp o Telegram”.

Para garantizar la transparencia del proceso judicial, el fiscal valoró que la actividad de este policía virtual es verificable y auditable en su totalidad. El marco legal obliga a registrar todo el accionar del agente simulado, asegurando que las defensas puedan revisar cada paso de la investigación sin que quede ningún detalle oculto.

Hackeo remoto con límites estrictos

El texto promulgado también faculta a la Justicia a disponer el uso de software para acceder de manera remota y secreta a los teléfonos celulares y las computadoras de los involucrados. Si bien la herramienta extrema ya cuenta con un aval jurídico firme, Rivarola reconoció que la provincia aún debe desarrollar o adquirir los programas informáticos específicos para ejecutar este tipo de intrusiones de alta complejidad.

La ley establece un límite muy acotado de 30 días para estas intervenciones remotas buscando equilibrar la necesidad de perseguir a las bandas organizadas con el respeto a la privacidad. 

El avance legal consolida un viejo principio del derecho que Rivarola recordó durante su análisis y que marca que “no puede haber medida de coerción si no está expresamente prevista en la ley”.