El Caso Ángel reflejó demoras en los procesos y poca participación de los jueces

CHUBUT

La auditoría del Equipo Técnico Interdisciplinario concluyó la necesidad de más rapidez en los procesos y un reparto más equitativo del trabajo para la protección de personas vulnerables.

La presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Comodoro Rivadavia, María Marta Nieto, presentó los principales resultados de la auditoría realizada al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) del Fuero de Familia, una tarea encomendada por el Superior Tribunal de Justicia tras los cuestionamientos surgidos luego del caso del niño Ángel López.

El trabajo concluyó con una serie de recomendaciones orientadas a optimizar la gestión judicial, acortar los tiempos de respuesta y mejorar la articulación entre los organismos que integran el sistema de protección de derechos.

La magistrada explicó que la auditoría fue ordenada mediante un acuerdo plenario del Superior Tribunal de Justicia y se desarrolló durante sesenta días. Según indicó, el objetivo no fue analizar un expediente puntual sino revisar el funcionamiento integral del equipo técnico encargado de intervenir en situaciones de violencia familiar, protección de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y otros grupos vulnerables.

“Una auditoría de un equipo técnico interdisciplinario es un desafío muy sensible porque no solamente se gestionan expedientes, sino crisis humanas. Se gestionan violencias, derechos de niños, niñas y adolescentes y las problemáticas que atraviesan las familias”, sostuvo.

Nieto detalló que el proceso comenzó con un relevamiento de los recursos materiales, humanos y tecnológicos disponibles. Se verificó la existencia de oficinas adecuadas, vehículos para realizar informes socioambientales, equipamiento informático y sistemas de gestión.

Además, se solicitaron informes al área de Recursos Humanos para conocer licencias prolongadas o sumarios administrativos y se realizaron entrevistas con distintos actores vinculados al funcionamiento del fuero, entre ellos el Colegio de Abogados, la Asesoría y Defensoría de Familia, los colegios profesionales de Psicólogos y Trabajadores Sociales, además de responsables de áreas administrativas del Poder Judicial. La conclusión de esa primera etapa fue que el Equipo Técnico Interdisciplinario cuenta con los recursos necesarios para cumplir adecuadamente su función. “En los últimos tres años el equipo cuenta con los recursos humanos, materiales y de gestión necesarios para cumplir con las funciones para las cuales integra el Poder Judicial”, afirmó.

Posteriormente la auditoría avanzó sobre el funcionamiento cotidiano del organismo. Durante más de tres semanas la jueza observó cómo ingresan los casos, cómo se realiza el denominado "triage" o evaluación inicial del riesgo y cuál es el recorrido administrativo hasta la elaboración de los informes técnicos.

También analizó más de treinta expedientes seleccionados al azar para detectar posibles desvíos en los procedimientos.

Demoras a corregir

Uno de los principales aspectos observados fue la demora existente entre la recepción de algunos casos y la realización de las primeras entrevistas con las familias involucradas. Nieto explicó que, cuando un juez dicta medidas cautelares de protección tras una denuncia de violencia familiar, el equipo técnico suele considerar que la situación ya cuenta con un resguardo inicial y programa las entrevistas para fechas posteriores.

“En abril tenían turnos asignados hasta junio. Si uno piensa en una situación de violencia o de riesgo, junio es muy lejos”, señaló. Frente a esa situación propuso modificar el criterio de priorización para que, aun existiendo medidas de protección vigentes, la intervención técnica se produzca con mayor rapidez. “La sugerencia es intervenir antes e informar rápidamente al juez si las medidas adoptadas fueron las adecuadas para esa realidad familiar”, analizó.

La magistrada aclaró que no auditó expedientes específicos ni evaluó decisiones individuales, sino que utilizó casos testigo para identificar procesos susceptibles de mejora. “Detrás de cada intervención hay un ser humano. No auditamos personas, auditamos procesos”.

Entre las recomendaciones dirigidas al Fuero de Familia, Nieto propuso fortalecer la participación directa de los jueces en el análisis de cada caso. Explicó que el crecimiento sostenido de la conflictividad y la automatización de algunos procedimientos pueden generar un distanciamiento respecto de las particularidades de cada expediente.

“Una de las medidas que sugiero es una mayor involucración de la judicatura en el caso concreto”. En ese sentido también recomendó revisar el denominado "criterio de oportunidad", es decir, analizar con mayor precisión cuándo corresponde solicitar la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario y definir con claridad cuál es el objetivo específico del informe requerido. Otro de los puntos centrales del informe apunta a mejorar la coordinación entre los distintos organismos que integran el Sistema Integral de Protección de Derechos.

Nieto recordó que, además del Poder Judicial, intervienen los Servicios de Protección de Derechos, las áreas municipales, los organismos provinciales, los Centros de Promoción Barrial, dispositivos de salud mental, centros de tratamiento de adicciones y diversas instituciones educativas.

Cada uno posee competencias propias y, según explicó, cuando esas funciones no están claramente delimitadas pueden producirse duplicaciones, omisiones o revictimización de las familias. “No corresponde que un organismo deje de intervenir porque supone que ya está actuando otro. Cada uno debe cumplir el rol que la ley le asigna”.

También señaló que el Equipo Técnico no puede asumir funciones que corresponden al juez ni sustituir el trabajo de los organismos administrativos encargados del acompañamiento social de las familias.

Otra recomendación está vinculada con la organización interna del equipo. La auditoría detectó diferencias importantes en la cantidad de entrevistas asignadas a los distintos profesionales. Mientras algunos tenían tres entrevistas diarias, otros llegaban a cinco.

La propuesta consiste en equilibrar la distribución del trabajo para disminuir los tiempos de espera y adelantar las primeras entrevistas, aunque advirtió que la rapidez no garantiza por sí sola una mejor respuesta. “Acortar los tiempos de intervención no significa necesariamente que la intervención sea más eficaz. Hay problemáticas familiares que requieren muchas entrevistas y un abordaje prolongado”.

En ese sentido remarcó que cada situación debe analizarse de manera individual y que no pueden establecerse parámetros rígidos para todos los casos. “Esto es como un traje a medida. No podemos trabajar con variables estáticas porque cada familia presenta una realidad distinta”.

Cambios ya implementados

La doctora Nieto confirmó que el Superior Tribunal de Justicia dispuso la implementación de las recomendaciones formuladas durante la auditoría. Las modificaciones incluyen cambios en la organización de horarios, distribución de agendas, criterios de abordaje, pautas de atención al público y revisión de los pedidos de intervención realizados por los jueces.

Asimismo, se impulsarán nuevas instancias de capacitación destinadas a todos los operadores del sistema, aunque con un enfoque más amplio que el exclusivamente centrado en la perspectiva de género.

“La capacitación debe incorporar la perspectiva de vulnerabilidad. No hablamos solamente de violencia de género; también hablamos de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y cualquier persona cuyos derechos se encuentren vulnerados”. Finalmente, la magistrada consideró que las medidas adoptadas permitirán brindar una respuesta judicial más eficiente y cercana a las necesidades de las familias.

“Creo que estas modificaciones van a representar una mejor prestación del servicio de justicia, porque apuntan a intervenir antes, coordinar mejor y ofrecer respuestas más oportunas a quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad”.