Los damnificados contaron cómo fue la maniobra de la estafa. Se trata de personas que entregaron dinero a q quienes les prometieron acelerar los trámites para la entrega de viviendas del IPV. Sospechan de una maniobra piramidal y no descartan participación política.

Días atrás, luego de realizar tres allanamientos en simultáneo en tres barrios de Comodoro Rivadavia, se conoció que se lleva adelante una investigación por presuntas estafas a personas que entregaron una cuota de dinero para tener una casa.

Un grupo de integrantes de una cooperativa adujeron haber abonado una cifra de $100.000, a cambio de acceder a la inscripción por una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV). Los damnificados, quienes reclaman justicia y la devolución del dinero. Hasta al momento, no hay imputados ni personas detenidas. 

“Queremos que alguien se acerque, somos un grupo de 700 personas, a los cuales se nos pidió una suma de $100.000 a cada uno. Hoy supuestamente nos devolvían la plata, pero no hay movimientos, tratamos de ubicar a Vanesa Fita a quien hacemos responsable de esto”, dijeron en relación a la mujer con quien entablaron la comunicación para hacer el acuerdo.

Según reveló el fiscal Martín Cárcamo, las sospechas recaen sobre una persona identificada como Vanesa Fita, quien sería la persona que se comunicó con todos los damnificados haciendo el arreglo. “No hay respuesta, ella apagó su celular. Queremos que nos devuelvan la plata, es lo que corresponde. En el caso de lo legal, pedimos que se haga presente la justicia”, expresaron los damnificados. 

“Creo que está todo relacionado, acá se jugó con la ilusión de mucha gente. tienen que asumir las consecuencias, por lo legal o lo no legal. Nos decían que nos iban a llamar para arreglar las cuotas, y nosotros confiamos porque ella es hermana de un diputado”, señalaron.

Y manifestaron que “Acá hay ilusiones, hay familias que están alquilando, no estamos porque nos sobra. Lo que nos dijeron es que entregábamos la plata y en uno o dos meses ya estábamos viviendo en nuestras casas. Con eso ingresábamos y arreglábamos con el IPV. Presentamos fotocopias de recibos de sueldo y del grupo familiar, y ellos nos darían la cantidad de cuotas”.

Por otro lado, también hablaron de la metodología que tenían para mantener el silencio: “Teníamos que estar todos callados, no teníamos que levantar la perdiz porque era como ”saltear líneas". Es la manera en la que nosotros nos mantenían quietos y callados". 

“Nos decían que no teníamos que hablar. Estábamos al tanto que esto era un acomodo. Acá en Comodoro sabemos por derecha que esto no se logra si no es por acomodo”. 

Por otro lado, también insistieron en la difícil situación de los damnificados: “Mucha gente pidió préstamos, es muy triste. Toda la gente que está acá, no tiene vivienda”. 

La maniobra se llevó adelante en mayo de 2023, pero comenzó a trascender ante la falta de resultados de las promesas efectuadas. Según adujeron los damnificados que ya declararon ante el fiscal, se les exigía un pago de 80.000 pesos en concepto de “honorarios de gestión” y otros 20.000 por supuestas obras de tendido de redes eléctricas.