Martínez Zapata acusó a Álvarez Castellano de actuar con “mala fe” y dijo que seguirá adelante con los juicios laborales

PUERTO MADRYN

El abogado que representa a trabajadores de Conarpesa cuestionó al empresario por las declaraciones en su contra, dio por terminadas las conversaciones para alcanzar un acuerdo por los litigios laborales y anticipó nuevas acciones judiciales.

El abogado Diego Martínez Zapata afirmó este lunes que el dueño de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, lleva adelante una “maniobra desesperada” para desacreditarlo y recordó que las empresas vinculadas al empresario acumulan condenas judiciales por reclamos laborales, principalmente por diferencias en la liquidación del aguinaldo. En diálogo con FM Del Viento, el letrado defendió su actuación profesional, cuestionó las declaraciones públicas en su contra y confirmó que prepara una acción civil por daños y perjuicios.

La disputa se desarrolla en medio de los litigios que involucran a trabajadores de compañías como Conarpesa, Agropez y San Fernando, por reclamos salariales y otras obligaciones laborales. Martínez Zapata indicó que los conflictos se remontan a 2006 y las controversias por la forma de calcular el sueldo anual complementario llevan más de 15 años de discusión judicial.

“Yo soy abogado, litigo, defiendo derechos”, señaló al responder a los cuestionamientos que, según dijo, se difundieron en su contra. Luego apuntó directamente contra el empresario: “Álvarez Castellano lo que hace es una maniobra desesperada”.

El letrado sostuvo que las decisiones judiciales no se limitan a planteos promovidos por su estudio y aseguró que distintos magistrados intervinieron a lo largo de los años en los expedientes. Según su relato, las empresas continuaron apelando cuestiones sobre las que, afirmó, ya existían antecedentes desfavorables.

Las diferencias por el aguinaldo y las sanciones judiciales

Uno de los ejes de la controversia es la liquidación del SAC de los trabajadores embarcados. Martínez Zapata afirmó que la forma de cálculo aplicada por las empresas no se ajusta a la normativa y recordó que en 2007 se estableció un precedente judicial en la provincia en una causa vinculada con Agropez.

Desde entonces, explicó, se sucedieron fallos relacionados con diferencias salariales, despidos y otros reclamos. También señaló que, en determinados expedientes, los jueces aplicaron sanciones por considerar que existieron conductas procesales temerarias o maliciosas.

En términos jurídicos, explicó, esas calificaciones pueden utilizarse cuando una parte realiza presentaciones improcedentes o prolonga un proceso pese a conocer que sus planteos carecen de fundamento. En los casos a los que hizo referencia, afirmó que las empresas insistieron con argumentos que ya habían recibido respuestas desfavorables de la Justicia.

Según el abogado, algunas sanciones contemplan incrementos de la tasa de interés como consecuencia de la conducta procesal, con el objetivo de desalentar la reiteración de planteos que los tribunales consideran injustificados.

Martínez Zapata sostuvo que el impacto potencial alcanza a un universo amplio de trabajadores de la flota amarilla y de la flota fresquera de las empresas involucradas. Sin embargo, aclaró que no dispone de una cifra precisa sobre la cantidad de afectados.

Para ilustrar su argumento, planteó que, si una empresa liquida incorrectamente el aguinaldo de mil trabajadores, solo una parte podría iniciar acciones judiciales, mientras el resto quedaría sin reclamar las diferencias. A su entender, esa situación genera un incentivo económico para el empleador si la mayoría de los perjudicados no judicializa sus reclamos.

El abogado también denunció presiones y represalias contra algunos trabajadores que recurren a la Justicia. Entre las situaciones que describió mencionó dificultades para embarcar, presiones para renunciar y la asignación de guardias que, según afirmó, no estarían contempladas en el convenio colectivo o no serían remuneradas. Se trata de señalamientos formulados por el letrado en el marco de la disputa.

Una negociación que terminó sin acuerdo

Otro punto relevante de la entrevista fue la reunión que Martínez Zapata dijo haber mantenido con dos abogados de las empresas, a partir de un pedido que atribuyó al sector empresario y a su socio comercial WFCO.

Según su versión, el encuentro se realizó unos diez días antes de la entrevista y duró aproximadamente 20 minutos. El objetivo, explicó, era explorar un acuerdo que permitiera resolver tanto los juicios en trámite como aquellos que ya contaban con sentencias y tenían recursos pendientes.

Martínez Zapata negó que durante esa conversación se hubieran discutido honorarios, quitas de deuda, pagos en cuotas o el retiro de denuncias contra magistrados. Aseguró que, días después de la reunión, remitió un listado de expedientes y montos aproximados para avanzar en una propuesta.

“Lo único que se habló es de arreglar todos los juicios”, afirmó. Según explicó, la condición planteada era que el acuerdo comprendiera la totalidad de los reclamos, para evitar diferencias de trato entre trabajadores que atraviesan situaciones judiciales similares.

Sin embargo, sostuvo que la negociación quedó frustrada después de que se difundieran declaraciones que consideró falsas y que, a su entender, tergiversaron lo conversado. Dijo que conserva los intercambios de mensajes con los abogados de la empresa y que está dispuesto a respaldar su versión con esa documentación.

El abogado trelewense señaló que, a partir de esa situación, decidió no continuar con las conversaciones y que los expedientes seguirán su curso judicial. También indicó que el diálogo había buscado facilitar una salida para el sector, pero que no estaba dispuesto a avanzar en un acuerdo si consideraba que no existía buena fe.

Las interdicciones sobre los buques

La disputa laboral también tiene consecuencias sobre la actividad pesquera. Martínez Zapata sostuvo que varios buques vinculados a las empresas de Álvarez Castellano tienen medidas judiciales que les impiden salir a pescar.

Según afirmó, la posibilidad de levantar las interdicciones está vinculada al cumplimiento de las obligaciones fijadas por la Justicia, incluido el pago de las sumas correspondientes. “Si él paga, se levanta la interdicción. No lo digo yo, lo dice la Justicia”, expresó.

El abogado cuestionó que las empresas mantengan recursos sobre cuestiones que, según su interpretación, ya fueron resueltas por los tribunales. También afirmó que existen otros armadores de la flota amarilla que liquidan el aguinaldo de acuerdo con criterios diferentes y que no enfrentan reclamos judiciales por ese motivo.

Reclamos por aportes y contribuciones

Además de las diferencias salariales, Martínez Zapata señaló que existen sentencias que ordenan a las empresas integrar aportes, contribuciones y obligaciones vinculadas con la obra social correspondientes a las diferencias reconocidas judicialmente.

Afirmó que, en algunos casos, habrían transcurrido entre ocho y diez meses sin que se completaran esos pagos, pese a las intimaciones judiciales. Según su exposición, se solicitaron sanciones económicas de 100.000 pesos por día por cada expediente, aunque el alcance efectivo de esas medidas depende de lo dispuesto en cada causa.

El abogado también mencionó presentaciones ante el Ministerio Público Fiscal con competencia federal por una presunta retención indebida de aportes y contribuciones. Esa referencia corresponde a una denuncia sobre posibles incumplimientos y no implica, por sí misma, que exista una condena penal.

En el tramo final de la entrevista, el abogado confirmó que prepara una acción civil contra Álvarez Castellano por las declaraciones que consideró lesivas para su honor.

Explicó que ya había enviado una carta documento por una acusación anterior y que remitirá nuevas intimaciones por los dichos más recientes. Según indicó, la demanda por el primer episodio está preparada y prevé incorporar los nuevos hechos.

La pretensión, precisó, incluirá un reclamo económico por daños y perjuicios y la posibilidad de exigir, si la Justicia le da la razón, la publicación de la sentencia y una retractación pública.