Polémica política por un buque británico amarrado en Ushuaia

NACIONALES

La Provincia repudió que una embarcación de bandera del Reino Unido opere en el puerto fueguino y cuestionó la intervención dispuesta por Nación. Exigió explicaciones y la restitución de la administración provincial.

El Gobierno de Tierra del Fuego salió al cruce de la administración de Javier Milei por la operación de un buque petrolero de bandera británica en el Puerto de Ushuaia y calificó el hecho como una contradicción con los argumentos de soberanía utilizados por Nación para intervenir la terminal portuaria.

A través de un comunicado, la Provincia expresó su “enérgico repudio” a la presencia de la embarcación del Reino Unido en el puerto de la capital fueguina, actualmente bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La administración provincial sostiene que la medida es ilegítima y que ya fue cuestionada ante la Justicia.

El Gobierno fueguino consideró “inadmisible” que un buque de bandera británica opere en Ushuaia mientras el Reino Unido mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.

La contradicción que marcó la Provincia

El planteo central de Tierra del Fuego apunta directamente a los argumentos utilizados por el Gobierno nacional para intervenir el puerto.
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Según la Provincia, Nación justificó la intervención bajo la premisa de que Ushuaia constituye un activo estratégico y que era necesario resguardar la soberanía y los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

“Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio”, cuestionó el Ejecutivo fueguino.

En ese sentido, remarcó que Ushuaia tiene una importancia estratégica por su ubicación geográfica, su proyección sobre el Atlántico Sur y su condición de puerta de entrada a la Antártida.

Pedido de explicaciones a Nación

La Provincia reclamó al Gobierno nacional que informe “de manera inmediata y pública” bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación del buque británico.

Además, exigió el cese de la intervención y la restitución inmediata a Tierra del Fuego de la administración del Puerto de Ushuaia, al tiempo que anticipó que continuará con las acciones judiciales contra la medida.

El comunicado también advierte que la Provincia no permanecerá indiferente ante decisiones adoptadas desde el poder central que, según sostiene, comprometan sus competencias, recursos e intereses estratégicos en el Atlántico Sur.

Finalmente, el Gobierno fueguino convocó a los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del puerto y sostuvo que la cuestión Malvinas constituye un objetivo “permanente e irrenunciable” establecido por la Constitución Nacional.

“La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles”, concluyó la Provincia, en un duro cuestionamiento a la gestión nacional del puerto fueguino.