Río Negro busca habilitar la venta de carne de jabalí y guanaco con un proyecto de ley

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El objetivo es ampliar la oferta de proteínas, fortalecer los controles sanitarios y dar respuesta a problemas ambientales y productivos vinculados al crecimiento de estas especies en la Patagonia.

El Gobierno de Río Negro anunció que presentará un proyecto de ley para permitir la comercialización formal de carne de jabalí y carne de guanaco, una medida que busca regular una práctica ya extendida en la región y ofrecer nuevas alternativas de consumo bajo estrictos controles sanitarios.

La iniciativa apunta a modificar la normativa vigente, que actualmente limita la venta legal de estas carnes, pese a que su consumo existe desde hace años en ámbitos informales. Según explicaron desde el Ejecutivo provincial, el proyecto también pretende aprovechar recursos disponibles, mejorar la trazabilidad de los productos y responder a problemáticas ambientales derivadas del crecimiento de determinadas especies.

Una propuesta para formalizar una práctica ya existente

El ministro de Desarrollo Económico de Río Negro, Carlos Banacloy, explicó en Infobae en Vivo que el objetivo es incorporar estas carnes al circuito comercial legal y garantizar condiciones seguras para los consumidores.

«Cuando hablamos hoy de una proteína alternativa como es el jabalí, hay que pensar que es una especie exótica que se introdujo a la Argentina hace muchos años y no tiene depredador natural», sostuvo el funcionario.

El proyecto establece que tanto el jabalí como el guanaco deberán ingresar a establecimientos de faena habilitados y cumplir con los mismos controles veterinarios exigidos para otras carnes, incluyendo análisis para detectar enfermedades como la triquinosis.

El crecimiento del jabalí y del guanaco preocupa a la provincia

Uno de los principales argumentos del Gobierno provincial es el impacto que estas especies generan sobre la producción agropecuaria.

Según Banacloy, los jabalíes se desplazan en grandes grupos y provocan importantes pérdidas económicas al destruir cultivos de maíz, alfalfa y otras producciones agrícolas destinadas tanto al mercado interno como a la exportación.

En el caso del guanaco, el ministro indicó que su población creció de manera sostenida durante las últimas décadas y que actualmente supera la cantidad de ovejas existentes en gran parte de la Patagonia.

Una nueva alternativa de proteína para los consumidores

Desde el Ejecutivo aclararon que la propuesta no pretende reemplazar el consumo de carnes tradicionales como la vacuna, el pollo o el cerdo, sino sumar una opción más dentro del mercado.

Banacloy sostuvo que estas carnes representan una proteína alternativa, de producción local y con características nutricionales diferenciales.

«La mayoría de las carnes salvajes son mucho más magras que las carnes producidas en sistemas de encierro. Son animales que se mueven constantemente para buscar alimento», explicó.

El funcionario también reconoció que la búsqueda de nuevas proteínas responde, en parte, al incremento de los precios de la carne vacuna y a la pérdida del poder adquisitivo, aunque insistió en que el objetivo principal es aprovechar un recurso que actualmente permanece fuera del circuito legal.

Controles sanitarios y trazabilidad

Uno de los ejes centrales del proyecto es garantizar la seguridad alimentaria mediante un sistema de comercialización formal.

La iniciativa prevé que toda la carne destinada al consumo sea procesada en plantas habilitadas y sometida a controles veterinarios, con el fin de asegurar su calidad y trazabilidad.

«Lo mejor que te puede pasar es que esté formalizado, porque ahí es donde perdés el control si no está formalizado», remarcó Banacloy.

Además, el proyecto incorpora el concepto de «proteína de cercanía», ya que estas especies habitan en zonas próximas a numerosas localidades patagónicas, lo que permitiría reducir costos logísticos y fortalecer las economías regionales.

Cambios en una normativa con décadas de antigüedad

Para concretar la iniciativa será necesario modificar regulaciones que, según el Gobierno de Río Negro, tienen entre 40 y 50 años de vigencia.

Si bien la caza de estas especies ya está permitida bajo determinadas condiciones, el objetivo es avanzar hacia un sistema de aprovechamiento sostenible, con controles oficiales y comercialización legal.