Se aprobó la Unidad Ejecutora para urbanizar las ex tierras de la Armada: dónde están y qué proyecto se prevé desarrollar

PUERTO MADRYN

La iniciativa contempla la comercialización de lotes, la ejecución de infraestructura básica y la posibilidad de facilitar el acceso a terrenos para la construcción de viviendas. El primer tramo podría comprender 525 lotes.

Las tierras que pertenecieron a la Armada Argentina, ubicadas en el sector sur de Puerto Madryn, comenzarán a transitar una nueva etapa de desarrollo urbano. El Concejo Deliberante aprobó la creación de la Unidad Ejecutora para el Desarrollo Urbano Sur (U.E.D.U.S.), el organismo que tendrá a su cargo la planificación, administración y ejecución del proyecto de urbanización conocido como Ensanche Sur.

La aprobación definitiva se concretó en la 20ª sesión ordinaria del cuerpo legislativo, celebrada el jueves 12 de noviembre, mediante la segunda lectura de la Ordenanza 15.250. La iniciativa obtuvo la mayoría especial necesaria, con seis votos afirmativos y cuatro negativos, según la información publicada sobre la sesión.

La decisión establece el marco institucional para avanzar con el desarrollo de un conjunto de tierras que fueron transferidas al Municipio por el Estado nacional en 2021, a través de la Ley Nacional 27.623. A partir de ahora, el proceso deberá concentrarse en la elaboración de los pliegos, la definición de las condiciones de comercialización y la planificación de las obras que permitirán dotar de servicios a los futuros terrenos.

Dónde están las tierras y qué superficie tienen

El predio está ubicado en el sector sur-sudeste de Puerto Madryn, hacia el sur de la avenida Roca, y comprende aproximadamente 525 hectáreas que pertenecieron al Estado Mayor General de la Armada Argentina.

La transferencia al Municipio se concretó mediante la Ley Nacional 27.623, sancionada en mayo de 2021 y publicada en junio de ese año. La escritura traslativa de dominio fue firmada en diciembre de 2022, cuando los terrenos pasaron formalmente a integrar el patrimonio municipal.

La ley estableció que las tierras debían destinarse a programas de desarrollo urbano, viviendas familiares, infraestructura de servicios, parques, plazas, establecimientos educativos, culturales, sanitarios y deportivos. También fijó condiciones para la transferencia de los lotes, entre ellas la obligación de realizar subastas o licitaciones públicas.

La dimensión del predio explica la importancia que adquirió el proyecto para la planificación de Puerto Madryn. No se trata solamente de generar nuevos terrenos residenciales, sino de incorporar una superficie considerable al crecimiento organizado de la ciudad.

Los primeros 525 lotes y las obras de infraestructura

La propuesta inicial elaborada por la Secretaría de Obras Públicas contempla comenzar con 525 lotes distribuidos en dos sectores del denominado Ensanche Sur. La intención es avanzar por etapas y utilizar los recursos obtenidos de la comercialización de los terrenos para financiar las obras de infraestructura necesarias.

El esquema prevé que los lotes cuenten con los servicios antes de su entrega. Entre las intervenciones proyectadas figuran las redes de agua potable, gas, energía eléctrica y cloacas, además de la apertura de calles y las obras viales.

El intendente Gustavo Sastre había anticipado que el desarrollo también requerirá inversiones de mayor envergadura, como una planta de tratamiento de efluentes, una subestación eléctrica y un sistema de bombeo para garantizar el abastecimiento de agua potable.

Según explicó el jefe comunal, los fondos que se obtengan de la venta de los terrenos serán reinvertidos en esas obras. La intención es que el emprendimiento pueda financiar buena parte de su propia infraestructura y avanzar progresivamente, sin depender exclusivamente de los recursos disponibles en el presupuesto municipal.

Cómo funcionará la Unidad Ejecutora

La nueva estructura tendrá carácter de ente autárquico, con autonomía técnica, administrativa y financiera. Su función será administrar los recursos, organizar los procedimientos de ofrecimiento público de los terrenos y coordinar las acciones necesarias para concretar la urbanización.

El directorio estará integrado por cinco representantes con voz y voto:

• Dos integrantes del Poder Ejecutivo municipal, que ocuparán la presidencia y la gerencia.
• Un representante designado por el Concejo Deliberante.
• Dos representantes del Consejo de Planeamiento Urbano y Ambiental.

El esquema contempla, además, la intervención de un auditor externo y mecanismos de control por parte del Tribunal de Cuentas Municipal y del Concejo Deliberante.

Un punto central es que la Unidad Ejecutora no tendrá facultades para disponer libremente de las tierras ni para avanzar con las adjudicaciones sin los procedimientos correspondientes. Los pliegos de urbanización y de ofrecimiento público deberán pasar por el Concejo Deliberante, mientras que los movimientos financieros estarán sujetos a los organismos de control.

Quiénes podrán acceder a los terrenos

Uno de los aspectos que genera mayor interés es conocer quiénes podrán participar de los futuros ofrecimientos públicos.

La Ley 27.623 establece condiciones específicas para los interesados. Entre ellas, ser argentino nativo, por opción o naturalizado con más de cinco años; acreditar una residencia mínima de tres años en Puerto Madryn; no ser propietario de una vivienda ni de otro inmueble apto para ese destino; no haber recibido una vivienda financiada por el Estado y no registrar deudas municipales. También excluye a funcionarios políticos municipales y a quienes hayan ocupado terrenos o viviendas de manera irregular.

La norma establece, además, que los terrenos deberán tener como destino la construcción de una vivienda familiar. El adjudicatario tendrá un plazo máximo de cuatro años para construirla y de cuatro años y seis meses para ocuparla. También deberá respetar una restricción de seis años sin posibilidad de venta o alquiler.

La demanda por este tipo de soluciones habitacionales ya había quedado reflejada en 2023, cuando el Municipio realizó una preinscripción que alcanzó a cerca de 16.000 personas. Sin embargo, aquel registro tuvo carácter de relevamiento de interesados y no significó una adjudicación ni garantizó el acceso a un terreno.

Los valores, las modalidades de pago y los requisitos específicos de cada convocatoria deberán quedar establecidos en los pliegos correspondientes. Por el momento, no hay precios definitivos ni fechas confirmadas para la comercialización de los primeros lotes.

Una modificación de la ley que todavía debe completar su trámite

El desarrollo del Ensanche Sur también tiene un capítulo pendiente en el Congreso Nacional. El 30 de octubre, el Senado dio media sanción a un proyecto para modificar la Ley 27.623, con el objetivo de extender hasta 2041 el plazo para cumplir con las obligaciones de urbanización.

La iniciativa impulsada por la senadora chubutense Edith Terenzi propone, además, ampliar las posibilidades de participación en las licitaciones para incorporar personas jurídicas, tanto públicas como privadas, y facilitar la construcción de infraestructura y equipamiento urbano.

Entre los cambios planteados también figura la posibilidad de incorporar espacios comerciales, establecimientos educativos, centros sanitarios y otros servicios que permitan desarrollar un sector urbano con mayor diversidad de actividades.

El proyecto establece nuevas condiciones para los adjudicatarios de viviendas, entre ellas un plazo de diez años durante el cual no podrían vender ni alquilar los inmuebles. Sin embargo, la modificación todavía debe ser tratada por la Cámara de Diputados, por lo que las disposiciones originales de la Ley 27.623 continúan vigentes.

Un proyecto que trasciende la actual gestión

La aprobación de la Unidad Ejecutora representa un paso institucional para avanzar con la urbanización, pero no significa que los primeros terrenos estén en condiciones de ser entregados de inmediato.

Todavía resta conformar el directorio, elaborar los pliegos, definir los valores de referencia, establecer las condiciones de acceso y aprobar los procedimientos de ofrecimiento público. También será necesario resolver el financiamiento y la ejecución de las obras de servicios.

Durante el debate legislativo hubo respaldo y cuestionamientos. Mientras los concejales que acompañaron la iniciativa destacaron la posibilidad de planificar el crecimiento de la ciudad y establecer controles, desde la oposición se plantearon dudas sobre las garantías de infraestructura y la capacidad de asegurar servicios de calidad antes de entregar los terrenos.