Uno de los cinco miembros del organismo que fiscaliza las elecciones es a la vez parte interesada como candidato. Hay un único antecedente de Caminoa en 2019. Ante una polémica en puerta y posibles planteos: ¿Se debería buscar un reemplazo?

La oficialización de la lista única del frente Arriba Chubut en la categoría de diputados provinciales dejó un tema para resolver: el actual diputado Carlos Eliceche figura como candidato en el décimo lugar de la lista de titulares para el periodo 2023-2027, cuando al mismo tiempo ejerce actualmente como vicepresidente primero de la Legislatura y por lo tanto, integra el Tribunal Electoral Provincial.

La Constitución de la provincia del Chubut establece en su artículo 259 que el "Tribunal Electoral está compuesto por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General de la Provincia, el Juez de Primera Instancia de Rawson, en turno, con competencia en lo civil y los Vicepresidentes Primero y Segundo de la Legislatura o sus reemplazantes legales".

En el artículo 260 dispone que “el Tribunal Electoral funciona en el local de la Legislatura, es presidido por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia y tiene por funciones: 1. Disponer las medidas necesarias para la organización y funcionamiento de los comicios, designando sus autoridades. 2. Oficializar las listas de candidatos y aprobar las boletas que se utilicen en los comicios. 3. Practicar los escrutinios definitivos y proclamar los electos como titulares o suplentes, otorgándoles los respectivos diplomas”. 

En el mismo artículo, se agregan otras tres funciones: "4. Calificar las elecciones de autoridades provinciales, juzgando en definitiva sobre su validez. 5. Confeccionar el padrón electoral en los casos del artículo 256 inciso 3. 6. Reconocer a los partidos políticos provinciales y municipales y registrar a los nacionales que participan en las elecciones locales. Controlar que todos cumplan las prescripciones de esta Constitución y las leyes".

De este modo, cumpliendo con la carta magna, el actual tribunal lo preside la presidenta del STJ, Camila Banfi Saavedra, y lo integran además el procurador general Jorge Miquelarena, la jueza de Rawson, Amorina Testino, y los actuales vicepresidentes de la Legislatura votados en marzo pasado, esto es, Roddy Ingram y Carlos Eliceche.

Con el caso de Eliceche se da -al conocerse la lista de Arriba Chubut proclamada por la junta electoral- una situación que vuelve a despertar polémica: que uno de los miembros del organismo que debe fiscalizar los comicios sea a la vez parte interesada. 

ANTECEDENTES

Cuatro años atrás, para las PASO de abril y las generales de junio de 2019, los miembros del tribunal por los diputados fueron Jacqueline Caminoa y José Grazzini, y la radical es el único antecedente, ya que era candidata a diputada en ese turno electoral. 

En 2015 la elección la organizó la justicia federal, porque fue en simultáneo con las nacionales; mientras que el turno anterior, en 2011, los diputados del TEP -en una elección escandalosa que debió ir a votación complementaria en cinco mesas- fueron Jorge Pitiot y Santiago Cárdenas, ninguno postulado a un cargo electivo.

Incluso yendo más atrás en el tiempo, en 2007, cuando se votó un mes antes que la Nación con un triunfo aplastante de Mario Das Neves, los vicepresidentes primero y segundo de la Cámara eran el madrynense Julio Aristarian y el comodorense José Gaspar, quienes en ningún caso eran parte interesada a título individual como candidatos en ninguna lista.

Hecho este repaso, queda claro que lo de Eliceche es la segunda vez que ocurre y esta semana -en las que ha convocadas dos sesiones ordinarias de la Legislatura- la Cámara podría analizar el tema para evitar a futuro planteos de las otras listas ante cada decisión de fondo que deba tomar el tribunal de aquí en adelante.

Hasta el momento el asunto no fue advertido por ninguna fuerza política. Quizás se espere al 10 de junio, cuando las listas sean ya oficializadas: recién allí Eliceche será efectivamente candidato. Ocurre que antes, precisamente serán los miembros del tribunal los que deberán chequear los requisitos de cada alianza, y recibir la documentación. Hay una polémica en puerta.